Durante una extensa exposición en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, representantes del sector agropecuario coincidieron en la necesidad de eliminar los derechos de exportación y resaltaron su impacto negativo en la rentabilidad, la producción y la sustentabilidad del campo argentino.
Denunciaron la inconstitucionalidad de las retenciones por falta de respaldo legal y remarcaron que este tributo ha provocado la desaparición de miles de productores agropecuarios. Según indicaron, las alícuotas distorsionan la competitividad frente a países sin este tipo de impuestos y desincentivan la inversión en tecnología. Vale recordar que en marzo pasado se abrió el debate en el Congreso por seis proyectos para bajar o eliminar las retenciones.
Los representantes de las entidades que integran la Mesa de Enlace, CREA, la Fundación Barbechando y Fundación FADA precisaron que su eliminación, además de ser justa, podría reactivar la producción y generar mayor recaudación por otras vías, como el incentivo a las inversiones. En paralelo se llamó a fortalecer la infraestructura, establecer un marco fiscal estable y adoptar políticas coherentes desde el Estado.
Ivana Vidal, en representación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), afirmó que este impuesto ha sido una de las principales causas del deterioro de la economía del interior y del debilitamiento del federalismo. Según Vidal, en los últimos 23 años las retenciones provocaron el abandono de más de 106.000 productores y obstaculizaron el desarrollo económico del país, al tratarse de un tributo que desincentiva la producción, reduce la rentabilidad, afecta la inversión, el uso de tecnología y distorsiona la competencia.
Denunció que las retenciones son inconstitucionales, ya que el Congreso delegó en 2019 facultades al Poder Ejecutivo para establecerlas mediante la Ley 27.541, pero dicha delegación perdió vigencia en diciembre de 2021. Sostuvo que desde entonces «no existe una Ley que las respalde formalmente, lo cual motivó la presentación de un amparo por parte de la Sociedad Rural (en la Justicia de Córdoba)». Subrayó que, conforme a la Constitución Nacional, «sólo el Congreso tiene la potestad de legislar en materia tributaria y no puede delegarla, por lo que los actuales derechos de exportación carecen de legitimidad jurídica».
Remarcó que cualquier mecanismo que pretenda compensar las pérdidas generadas por las retenciones, mientras estas sigan vigentes, sólo agrava las cuentas del Estado. A modo de cierre, sostuvo que: «Es fundamental establecer reglas claras y justas para lograr un desarrollo económico sostenible».
Seguido, Pablo Ginestet, representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), respaldó la postura de eliminar las retenciones y subrayó que, desde hace más de 20 años, el sector agropecuario ha aportado más de USD 200.000.000 por retenciones, las cuales han impuesto un límite a la producción, perjudicado a las comunidades del interior y constituido «el peor impuesto por su carácter regresivo y desigual».
Para Ginestet, las retenciones atacan directamente la rentabilidad del productor, al «reducir el precio que recibe y desalentar la inversión en tecnología y expansión». El impacto se agrava en zonas alejadas de los puertos, donde los altos costos logísticos empeoran la situación. Comparó también el panorama argentino con países como Brasil y EE.UU., donde no se aplican estas cargas tributarias, lo que permite que sean más competitivos. Además, subrayó que: «Las retenciones afectan a toda la cadena agroindustrial -contratistas, transportistas, proveedores, cooperativas-» y que su eliminación traería previsibilidad, necesaria para atraer inversiones, facilitar créditos y planificar la producción.
Puntualizó que la clave para eliminar las retenciones y construir una «economía más competitiva» es la «austeridad estatal y el orden fiscal». Instó a la dirigencia política a dejar de lado las disputas y enfocarse en la verdadera urgencia: reducir el gasto público. Para CRA, eliminar estos impuestos no debe verse como un beneficio sectorial, sino como una medida estratégica para el desarrollo económico y federal de la Argentina, a través de un marco fiscal estable, previsible y justo.
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fuente periodistica Diario Castewllanos