En el marco del Día del Periodista, desde el Foro de Trabajadores de Prensa del Centro Oeste Santafesino reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la libertad de prensa, el acceso a la información pública y el ejercicio responsable e independiente del periodismo. La conmemoración constituye una oportunidad para reflexionar sobre uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática y sobre los desafíos que enfrenta actualmente la labor periodística en nuestro país.
La fecha invita no solo a reconocer la tarea de quienes ejercen el periodismo, sino también a analizar las condiciones en las que desarrollan su trabajo y los desafíos que enfrenta hoy la libertad de informar en la Argentina.
Aunque suele confundirse con la libertad de expresión, ambas no son exactamente lo mismo. Mientras la libertad de expresión es un derecho que pertenece a todas las personas y garantiza la posibilidad de buscar, recibir y difundir ideas y opiniones, la libertad de prensa constituye una manifestación específica de ese derecho, vinculada al trabajo de periodistas, medios de comunicación y organizaciones dedicadas a la difusión de información.
Su importancia trasciende a quienes ejercen la profesión. Una prensa libre no solo protege a quien informa, sino también a toda la sociedad, que tiene derecho a acceder a información plural, independiente y libre de interferencias para poder tomar decisiones conscientes.
En los últimos años, la relación entre el poder político y los medios de comunicación volvió a ubicarse en el centro del debate público argentino. Distintos organismos internacionales dedicados al monitoreo de la libertad de prensa han advertido sobre un deterioro del clima de convivencia entre el gobierno nacional y sectores del periodismo.
La situación actual presenta características particulares. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, numerosos periodistas y comunicadores han sido objeto de descalificaciones públicas, cuestionamientos personales y acusaciones formuladas desde las más altas esferas del poder político. Expresiones como “ensobrados”, “extorsionadores” y otros calificativos similares se han vuelto frecuentes dentro del discurso oficial hacia determinados trabajadores de prensa.
Más allá de las simpatías o diferencias ideológicas que cada ciudadano pueda tener respecto de un gobierno o de determinados medios, el debate jurídico y constitucional obliga a analizar un aspecto central: la asimetría de poder.
La legislación argentina, la jurisprudencia de la Corte Suprema y los estándares internacionales de derechos humanos sostienen que no existe igualdad de condiciones entre un ciudadano —incluso si es periodista— y quien ejerce la máxima representación del Estado. Cuando un periodista cuestiona a un funcionario, está cumpliendo una función de control propia de las democracias republicanas. Cuando es el poder político quien dirige ataques personales hacia periodistas identificados con nombre y apellido, la situación adquiere otra dimensión institucional.
El problema no radica únicamente en el agravio que pueda sufrir el profesional señalado. El riesgo más profundo es el efecto que esos mensajes pueden generar sobre el conjunto del periodismo. Cuando las críticas desde el poder se transforman en hostigamientos sistemáticos, pueden producir un fenómeno conocido como autocensura: periodistas o medios que deciden evitar determinadas investigaciones o cuestionamientos por temor a convertirse en el próximo objetivo de la confrontación pública.
La democracia necesita del disenso, del debate y de la crítica. De hecho, los funcionarios públicos tienen un deber especial de tolerancia frente al escrutinio social, precisamente porque administran recursos públicos y toman decisiones que afectan a toda la comunidad. Así lo han establecido reiteradamente tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esto no significa que los periodistas estén exentos de responsabilidades. Cuando una información es falsa o lesiona injustamente la reputación de una persona, existen herramientas legales para reclamar rectificaciones o reparaciones. Sin embargo, esas herramientas fueron diseñadas para equilibrar derechos, no para convertirse en mecanismos de intimidación que limiten la circulación de información de interés público.
La libertad de prensa no constituye un privilegio corporativo reservado a periodistas o empresas periodísticas. Es una garantía de toda la ciudadanía. Cuando se debilita la posibilidad de investigar, preguntar o cuestionar al poder, quienes pierden no son únicamente los comunicadores, sino todos los ciudadanos que necesitan información para ejercer plenamente sus derechos.
En este marco, desde el Foro de Trabajadores de Prensa del Centro Oeste Santafesino entendemos que la defensa de la libertad de prensa trasciende cualquier posicionamiento partidario o ideológico. Se trata de preservar una garantía esencial para la vida democrática. Porque cuando se cuestiona, se hostiga o se intenta desacreditar sistemáticamente a quienes tienen la responsabilidad de informar, no solo se afecta a los periodistas: se limita el derecho de toda la sociedad a acceder a información plural, independiente y necesaria para ejercer una ciudadanía verdaderamente libre.
Una democracia fuerte no es aquella que silencia las voces críticas, sino aquella que es capaz de convivir con ellas, incluso cuando resultan incómodas para quienes ejercen el poder.
N. de la Redacción: El encuadre jurídico, las distinciones conceptuales y el análisis técnico-legal que estructuran el presente artículo contaron con el asesoramiento y la colaboración de Julián Obregón (Abogado – Matrícula T° LVIII F° 155).